12
de junio de 2025
El
5 de junio de 2025, siete miembros del Pueblo Hñöhñö
(Otomí) de Santiago Mexquititlán , Querétaro,
fueron víctimas de detenciones arbitrarias, golpes, agresiones
físicas y registros corporales realizados de manera violenta
por agentes de la Policía Estatal de Querétaro (POES),
incluyendo actos de violencia sexual en contra de la defensora de
derechos humanos Estela Hernández Jiménez .
El pueblo
Hñöhñö (Otomí) de Santiago
Mexquititlán ,
ubicado en el estado mexicano de Querétaro, es una comunidad
indígena comprometida con la defensa de la tierra, el agua, el
territorio y los derechos colectivos. El pueblo Hñöhñö
tiene una larga historia de organización en torno a temas de
autonomía, gobernanza ancestral y protección ambiental.
Participa activamente en instituciones locales, regionales y
nacionales como el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán,
la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y el Congreso Nacional
Indígena (CNI). Sus miembros han sido activos en la denuncia
de violaciones de derechos cometidas en el contexto de proyectos
extractivos, la falta de protección de derechos por parte del
estado y la criminalización de las organizaciones
indígenas.
Estela
Hernández Jiménez es
una defensora hñöhñö (otomí) de los
derechos indígenas, maestra de educación indígena
originaria, doctora en pedagogía y una de las intelectuales
indígenas más brillantes del México
contemporáneo. Es miembro del Consejo Autónomo de
Santiago Mexquititlán y del Congreso Nacional Indígena
(CNI). Luchó por la libertad y la reparación de su
madre, Jacinta Francisco Marcial, quien fue detenida arbitrariamente
el 3 de agosto de 2006 y acusada del secuestro de seis agentes de la
extinta Agencia Federal de Investigación de México.
El
5 de junio de 2025, dos jóvenes del pueblo Hñöhñö
(Otomí) de Santiago Mexquititlán fueron detenidos
arbitrariamente por agentes de la Policía Estatal de Querétaro
(POES) cuando se dirigían a su trabajo. Al enterarse de su
detención, miembros de la comunidad organizaron una protesta
pacífica para exigir su liberación. Durante esta
protesta, otras cinco personas, entre ellas la defensora de derechos
humanos Estela Hernández Jiménez y su esposo, fueron
detenidas violentamente cuando intentaron dialogar con los agentes y
documentar los abusos. La comunidad fue rodeada por policías
estatales y municipales, y los siete detenidos permanecieron
incomunicados durante varias horas, sin acceso a información
oficial ni asistencia legal. Aunque posteriormente fueron liberados,
sufren graves secuelas físicas y psicológicas derivadas
de la violencia ejercida por los agentes de la POES.
Además
del uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, se han
reportado casos de violencia física y sexual contra la
defensora de derechos humanos Estela Hernández Jiménez
por parte de agentes del POES. Mientras documentaba la detención
arbitraria de dos jóvenes de su comunidad, la defensora fue
interceptada por al menos diez agentes, quienes la golpearon
repetidamente, la insultaron con connotaciones racistas y misóginas,
y la llevaron a la fuerza a las instalaciones del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) local.
Según
testimonios recabados por el pueblo Hñöhñö,
Estela Hernández Jiménez sufrió agresiones
físicas en zonas sensibles del cuerpo durante su detención.
Esto también se evidencia en una grabación de Sara
Hernández Jiménez, defensora de derechos humanos y
hermana de Estela Hernández Jiménez, quien presenció
el ataque. Uno de los policías le arrancó un botón
de la blusa, dejando parcialmente expuesto su pecho, y la sometió
violentamente. Como resultado, presenta lesiones físicas
persistentes, incluyendo dolor intenso y pérdida de
sensibilidad en algunas partes del cuerpo.
Tras las
detenciones, habitantes de la comunidad también reportaron la
presencia de dos individuos con apariencia de policías cerca
del domicilio de Estela Hernández Jiménez, quienes les
hacían preguntas sospechosas. Presumen que se trata de agentes
del POES, lo que aumenta su preocupación por posibles actos de
vigilancia e intimidación. La criminalización, el acoso
y la vigilancia crean un entorno cada vez más hostil y
peligroso para las personas defensoras de derechos humanos en
Santiago Mexquititlán. Además, estos hechos se
produjeron en un contexto de represión sistemática
contra quienes defienden el territorio, el agua y los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
Front Line
Defenders considera que estos actos son una grave violación de
los derechos humanos contra los defensores de derechos humanos, en
particular el uso de la violencia sexual como herramienta de
represión.
Front
Line Defenders insta a las autoridades mexicanas a:
1. Realizar de inmediato una investigación independiente e imparcial sobre los incidentes violentos, incluidos los actos de violencia sexual contra Estela Hernández Jiménez, y exigir a los responsables que rindan cuentas por sus actos;
2. Garantizar la integridad física y psicológica de Estela Hernández Jiménez, Sara Hernández Jiménez y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Santiago Mexquititlán;
3. Poner fin a todos los actos de hostigamiento, vigilancia y criminalización contra miembros de la comunidad Hñöhñö (Otomí) de Santiago Mexquititlán;
4. Garantizar en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México puedan realizar su labor libres de temor a represalias y sin restricciones indebidas.