COMISION CONTRA TORTURA OCTUBRE. Comisión Ética Contra la Tortura exige abrogación de ley que clasifica como secreto por 50 años los archivos Valech e impide la acción de la Justicia
COMISION CONTRA TORTURA OCTUBRE
Comisión
Ética
Contra la Tortura exige abrogación de ley que clasifica como
secreto por 50
años los archivos Valech e impide la acción de la Justicia
Ante el anuncio de
levantar el secreto por 50 años y entregar a los Tribunales de
Justicia los
testimonios recabados por la Comisión Nacional de Prisión
Política y Tortura
conocida como Comisión Valech, que funcionó en Chile
entre noviembre del año
2003 y noviembre del año 2004, la Comisión Ética
Contra la Tortura declara lo
siguiente:
La
Ley 19.992 del 24 de diciembre de 2004, aprobada por el parlamento en
tiempo
récord y promulgada por el Presidente Ricardo Lagos Escobar, en
su Artículo 15
estableció 50 años de secreto sobre
los antecedentes entregados por las y los sobrevivientes de tortura,
ante la
Comisión Valech. En concreto decretó que “Son
secretos los documentos,
testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la
Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura (…) "El
secreto establecido en el
inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años"
y "mientras rija el secreto previsto en este
artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o
magistratura tendrá
acceso a lo señalado en el inciso primero de este
artículo".
Declaramos
hoy como ayer que esta es una disposición aberrante que viola
flagrantemente la
propia Constitución dictatorial, las leyes y los tratados
internacionales de
los que Chile es Estado Parte. Basta recordar que esta
disposición fue
cuestionada en su momento por varios ministros de Corte y por el
conjunto de
las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Con esa
ley, la Comisión Nacional de Prisión Política y
Tortura procedió exactamente al
revés de la Comisión Rettig que al conocer los delitos de
ejecución y
desaparición forzada de personas envió a los tribunales
de Justicia todos los
antecedentes recogidos para que se iniciaran las investigaciones
correspondientes.
Hace
13 años fue aprobada esta ley y desde igual tiempo estamos
solicitando al
Gobierno y al Congreso, su abrogación y el levantamiento del
secreto sobre la
documentación y demás antecedentes que acompañaron
la presentación de las y los
sobrevivientes de tortura, con los que la Comisión de
Prisión Política y
Tortura procedió a formarse la convicción y, por tanto, a
reconocer y calificar
de acuerdo al marco legal de trabajo de esa comisión de Verdad
que 28.459
personas habían sido torturadas por agentes del Estado de Chile,
utilizando
para ello más 1.200 centros de tortura y exterminio.
Somos
enfáticos al señalar que el Gobierno de Lagos no
aseguró el secreto sobre los
nombres de las víctimas. De hecho, el nombre completo de las y
los
sobrevivientes de tortura y su RUT fueron publicados en documentos
oficiales
sin que nadie fuese consultado al respecto.
El
Presidente Lagos con la Ley 19.992 aseguró el secreto sobre los
datos de los
agentes perpetradores del Estado. Agentes, que en numerosos medios de
prueba
aportadas por las víctimas aparecían firmando con su
nombre completo, grado,
función y timbre que los prisioneros se encontraban en tal o
cual campo de
concentración bajo su cargo, en condición de prisioneros
de guerra, comúnmente
secuestrados en prisiones secretas (supervisadas por una Secretaria
Nacional de
Detenidos dependiente del Coronel jefe de la DINA Manuel Contreras y
del
personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros), personas recluidas
en campos
de concentración, sin orden de ningún tribunal de la
República, expuestos a un
futuro incierto, castigados, incomunicados de sus familias,
vulnerados en
su integridad física y psíquica. Antes de la
amnistía de 1978 muchos
prisioneros fueron sentenciados por Consejos de Guerra, otros,
ejecutados
sumariamente y otros hechos desaparecer. Luego, A fines de los
años ‘70,
comienzos de los ‘80, los opositores eran detenidos por agentes
de la policía
política (CNI) y requeridos por el Ministerio del Interior: en
esa época
firmaban las órdenes de detención el Subsecretario de
Interior Enrique Montero
Marx y el titular de la Cartera el civil Sergio Fernández, y por
otros más
Ministros del Interior en la dictadura cívico – militar.
Por lo tanto, en el
Informe están los antecedentes de los mandantes y de
los
ejecutores y las
estructuras de la policía política que sembró el
terror y la muerte en nuestro
país desde el mismo 1973 hasta marzo de 1990.
Con
el Informe de la
Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura,
el país conoció en su real
dimensión los alcances del Terrorismo de Estado. El Gobierno de
Lagos y los
parlamentarios de la época tomaron conocimiento de hechos que
eran
constitutivos de delitos y legislaron para impedir que los Tribunales
de
Justicia en tanto otro Poder del Estado, investigara el crimen de
tortura que
había sido masiva, permanente y sistemáticamente
aplicado. Chile estaba frente
a delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, y cuyas
secuelas son no sólo individuales, sino también
colectivas y aún pesan sobre el
tejido social.
Hasta
la fecha, las
personas calificadas como ex presos y torturados por Comisiones de
Verdad
ascienden a un total de 38.254 personas. Este número tan alto de
víctimas
sobrevivientes no considera los casos de tortura que fue aplicada in
situ en
las poblaciones y en los allanamientos; en los campos y en zonas
apartadas
donde las personas fueron brutalmente torturadas sin llegar a ser
prisioneras;
tampoco considera la tortura realizada a los extranjeros que se
encontraban en
Chile; ni a los chilenos torturados en el extranjero como, por ejemplo,
en el
Plan Cóndor; los niños y niñas que fueron
secuestrados para que sus padres se
entregaran; tampoco consideraba a los niños y niñas
nacidas en prisión y cuyas
madres fueron torturadas durante la gestación ni menos a los ex
prisioneros
fallecidos, que silenciaron esa experiencia, antes del
funcionamiento de
los registros en estas comisiones.
Hoy,
más de un centenar
de ex agentes violadores a los derechos humanos se encuentran
condenados y
recluidos en Punto Peuco. Otros cuantos han sido procesados y
condenados a
penas irrisorias ante la magnitud de los crímenes cometidos. Hay
una parte de
agentes que están en libertad gozando de las medidas de
prescripción sin pagar
su deuda con la sociedad. Todos ellos, sin excepción hacen uso
irregular de
recursos del Estado. Algunos se han jubilado por estrés post
traumático, es
decir, tienen secuelas de la tortura que aplicaron a los ex
prisioneros/prisioneras. Es el estrés causado por los asesinatos
cometidos y el
ocultamiento de la Verdad para evitar la Justicia y gozar de plena
impunidad.
El
Ministro de Defensa
José Antonio Gomez señaló en agosto pasado, ante
la Comisión de Defensa del
Parlamento, que 5.900 efectivos en retiro perciben, además de su
pensión, las
pensiones llamadas de inutilidad de segunda clase, es decir, por
estrés post
traumático. Contrario a ello, las y los sobrevivientes siguen
luchando por
obtener una Reparación material digna y justa dado que el
presidente Lagos
determinó que la pensión para los sobrevivientes de
tortura no fuese semejante
a la que perciben los familiares de los detenidos desaparecidos y
ejecutados,
tal como fue propuesta por la propia Comisión Nacional de
Prisión Política y
Tortura.
Queremos
señalar que
las graves violaciones a los derechos humanos alcanzaron en Chile a
41.467 personas entre desaparecidos,
ejecutados y presos sobrevivientes; y los juicios hasta ahora
realizados
abarcan un 2,65% del total de
víctimas. Este es el resultado de la Justicia en la medida
de lo posible.
Entonces, debemos decir que hay pacto de silencio y que todos los
poderes del
Estado han actuado en favor de los perpetradores. Que la impunidad se
ha visto
favorecida con leyes que convierten la información
pública en secreto.
El
no castigo a los
graves crímenes cometidos ha generado una cultura de impunidad
que produce
nuevas impunidades. Ya no sólo se trata de impunidad a la
tortura y a la
muerte, sino el no castigo a los delitos económicos cometidos
por militares y
policías; la no justicia a la corrupción,
colusión, elusión y evasión que
realizan los poderes económicos; la no legitimidad de leyes que
se aprueban en
un parlamento capturado por el empresariado, en un sistema
político corrupto
que transgrede día a día los derechos de las personas.
Impunidad
que se asocia
a la pérdida de memoria y que insulta el clamor de justicia
tildándolo de
venganza. Impunidad que consagra una justicia aplicada a destiempo, a
veces con
tardanza de más de 40 años, con condenas que no dicen
relación con los delitos
cometidos y que tampoco puede mostrar la igualdad ante la ley de
criminales de
lesa humanidad y delincuentes.
Decimos
basta y tal
como ayer reclamamos por VERDAD,
JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL para los sobrevivientes de tortura.
Juicio y castigo a los
criminales y que de una vez por todas rompan los pactos de silencio,
las leyes
que consagran impunidad y nos DIGAN
DONDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS y asuman como soldados que dicen
que son sus
responsabilidades ante los atroces crímenes que cometieron.
COMISION ETICA CONTRA
LA TORTURA
Santiago, Septiembre
de
2017
COMISION
ETICA
CONTRA LA TORTURA
16 años luchando contra el crimen
de la tortura
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La
Comisión Ética contra la Tortura adhiere al movimiento
DECLARAMOS
ILEGAL LA POBREZA,
forma de tortura permanente que ataca
a miles de seres humanos