¿Por qué afirmamos que la Ley General sobre desaparición forzada y desaparición por particulares, aprobada en el Senado, puede y debe mejorarse?
COMITE CEREZO-
¿Por qué afirmamos que la Ley General sobre desaparición forzada y desaparición por particulares, aprobada en el Senado, puede y debe mejorarse?
COMITE CEREZO
¿Por
qué afirmamos que la Ley General sobre desaparición
forzada y desaparición por
particulares, aprobada en el Senado, puede y debe mejorarse?
La próxima aprobación de la Ley
General sobre desaparición forzada y desaparición por
particulares en la Cámara
de diputados representa un pequeño paso adelante, sí,
pero insuficiente dado la
gravedad de las desapariciones forzadas en México, por ello
como Campaña Nacional
Contra la
Desaparición Forzada estamos exigiendo que se
hagan las
modificaciones pertinentes para que realmente sea un instrumento de las
víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.
La
necesidad y la urgencia de una Ley General no está en duda, como
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada hemos
luchando para que se haga
realidad desde el 2010, es decir, desde hace 7 años ha sido una
de las
principales demandas de la Campaña e incluso realizamos una
propuesta de Ley
General que fue presentada al Senado en 2015 y en el Cámara de
diputados en el
2016.
Como
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada
participamos, en
los últimos dos años, en las mesas de discusión en
el Senado y con el gobierno
federal, luchando en todo momento para que quedará plasmada en
la Ley General
las necesidades de las víctimas de desaparición forzada y
los más altos estándares
internacionales en derechos humanos, sin embargo, tal y como
quedó la Ley
General dista mucho de lo que las organizaciones de víctimas y
de derechos
humanos planteamos que debería incluir.
El
gobierno federal, desde un inicio, utilizó el chantaje para que
se
aceptara su propuesta de Ley General argumentando que si no se aprobaba
tal y
como ellos planteaban no se iba a aprobar ninguna Ley. Que era mejor
“tener
algo que perderlo todo”, tratando en todo momento de generar
culpa a las
familias en dado caso de que el gobierno decidiera no aprobarla dadas
las
“exigencias irrealizables” de las víctimas y
organizaciones.
El
Estado mexicano es el único responsable de las desapariciones
forzadas en el país. La carencia de una legislación
adecuada para prevenir,
investigar y sancionar esta grave violación a los derechos
humanos es
responsabilidad exclusiva de los gobiernos en turno. Incluso, si el
Gobierno no
tuviera como política de Estado la desaparición forzada
de personas no hubiera
necesidad de Legislar en la materia. Bastaría con la voluntad
política de dejar
de desaparecer y de sancionar a los responsables para iniciar el camino
de la
verdad y la justicia.
Como
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada no
tenemos la
intención de impedir que los diputados aprueben la Ley General,
pero sí, el 7
de septiembre, frente a la Cámara de diputados, vamos a dejar
claro que esa ley
no es la Ley que necesita el país, que es insuficiente y que se
queda corta
ante la realidad de miles de desparecidos. Y vamos a dejar claro
también que,
si hubiera voluntad política, mínimo, modificarían
el capítulo respecto a la
Comisión Nacional de Búsqueda para que quedará tal
y como lo propusieron las
familias y las organizaciones de derechos humanos que hicieron ese
planteamiento.
Sabemos
que familiares de víctimas de desaparición que no son
parte de
la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada
también ven en La Ley
General aprobada por el Senado una simulación por parte del
Estado y queremos
decirles que coincidimos plenamente con ese planteamiento.
Si
el Estado no aprueba la Ley General será únicamente
responsabilidad
de él, de nadie más. ¿Podrían los diputados
mejorar la Ley General?, por
supuesto que sí, que lo hagan les compete a ellos. Pero nosotros
como Campaña
jamás aceptaremos el chantaje y la amenaza de que, por luchar,
por movilizarnos
o por protestar se dejará al país sin una
legislación adecuada respecto a las
desapariciones forzadas, puesto que desde 1999 la demanda de contar con
una Ley
ha sido una constante.
Jamás
dejaremos de luchar por la presentación con vida de los
detenidos desaparecidos, puesto que las víctimas de
desaparición forzada son de
todo el pueblo y sólo el pueblo organizado y en lucha
podrá lograr verdad,
memoria, justicia, reparación integral y medidas de no
repetición, lo cual se
traduce en el cambio de las estructuras económicas y
políticas que permiten las
graves violaciones a los derechos humanos.
Las
familias de víctimas de desaparición forzada,
organizaciones de
derechos humanos, organizaciones populares e indígenas que
conformamos la
Campaña respetamos el pensar de otras familias y organizaciones
puesto que la
demanda central es la misma: presentación con vida de las
víctimas de
desaparición forzada.
Entendemos
que muchas organizaciones y organismos internacionales ven
como un paso positivo la aprobación de la Ley general y no
podría ser de otra
manera pues respecto a lo que estamos viviendo representa una
mejoría, al
menos, en el papel, aunque, justo, es decir, que su viabilidad ha sido
producto
de la lucha y la exigencia, no una dádiva del Estado. Sin
embargo, nosotros
pensamos que ese paso positivo no sólo es insuficiente, sino
que, como muchas
otras leyes que se han creado, como Ley para la Protección de
Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Ley General de
Víctimas no
sólo son leyes con las cuales el gobierno presume su
preocupación y atención al
tema, si no que no han sido suficientes para impedir el incremento de
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ataques y
hostigamiento
en contra de personas defensoras de derechos humanos y víctimas.
Somos
conscientes que el Gobierno federal intentará revertir en la
Cámara de diputados algunos de los aspectos positivos de la Ley
General por lo
cual estaremos dando la lucha para que se mantenga lo positivo, se
mejore en
donde hay carencias e insuficiencias y de ninguna manera se retroceda.
Como
Campaña reiteramos que continuaremos insistiendo en nuestras
exigencias hasta el último momento, como lo hemos hecho desde
hace 7 años. La
legislación que necesita el país y las familias no es
aquella en la que se
perpetúa la impunidad y mucho menos en la que se regatean los
mecanismos
necesarios para garantizar una búsqueda efectiva y acceder
realmente a la
verdad y la justicia.
Presentación
con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis
Daniela y Virginia Ortiz
Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz,
el indígena
chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René
Román Salazar, los activistas
Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña,
Fidencio Gómez Sántiz, los 43
normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de
desaparición forzada
en México.
¡Los detenidos desaparecidos son
del pueblo!
!Vivos se los llevaron, vivos los queremos¡
!No avalamos la Ley General del PRI, PAN y PRD¡
¡Sí a la Ley General elaborada por las familias,
organizaciones de derechos
humanos y populares¡
Atentamente
Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada en
México
Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”,
Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y
Derechos Humanos Monseñor Romero,
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente
para Defensores
de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la
Huasteca y sierra
Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de
Puebla, Red de
Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos
de Secuestrados,
desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo
Comunitario A.C.,
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de
Unificación y
Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la
Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos
(FEDEFAM).
cerezo desapariciones forzadas
B oletín de Prensa: Como
Campaña Nacional Contra
la Desaparición Forzada exigimos a la Cámara de Diputados
hacer las
modificaciones necesarias a la Ley General contra la
desaparición forzada y
desaparición cometida por particulares antes de ser votada
1.-
Dado lo que establece, la modificación al Artículo 73,
Fracción
XXI, inciso a); el Estado mexicano tiene la obligación de que la
Ley General se
aboque únicamente a los casos de desaparición forzada y
desaparición cometida
por particulares, por lo cual debe ser eliminado del Dictamen el
término
“Persona No Localizada”. Así como, definir de manera
diferenciada: Persona
desaparecida de manera forzada y Persona desaparecida a manos de
particulares,
dentro del Título Primero, Capítulo Primero,
Artículo 4º.
2.-
Se debe modificar el Título Tercero, Capítulo
Séptimo, Sección
Primera; relacionado al Registro Nacional, el cual deberá llevar
por nombre:
Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada y
Desaparición Cometida
por Particulares. Haciendo las modificaciones necesarias al articulado
para su
congruencia. Además de crear los mínimos a contener en el
caso del registro de
las víctimas de desaparición forzada.
3.-
El Dictamen debe establecer la responsabilidad del superior
jerárquico en los casos de desaparición forzada, por lo
que deberá modificarse
el Título Segundo, Capítulo Tercero, Artículo
29º, el cual deberá quedar a la
letra como lo mandata la Convención Internacional contra la
Desaparición
Forzada en su Artículo 6.
4.-
En cuanto a las instancias creadas para la Búsqueda, se deben
hacer modificaciones al Dictamen en el Título Tercero,
Capítulo Primero del
Artículo 44º al 49º y del Capítulo Segundo
estableciendo las actuaciones para
la búsqueda de víctimas de Desaparición Forzada.
Dentro del mismo Título, se
debe agregar en el Capítulo Quinto, Artículo 73 el acceso
a cuarteles militares
o a cualquier lugar perteneciente a las Fuerzas Armadas para la
búsqueda de las
víctimas. Así como en el Capítulo Sexto,
Sección Primera, se debe establecer la
actuación inmediata en cuanto cualquier autoridad conozca de la
posibilidad de
la comisión de una desaparición forzada.
5.-
El Congreso de la Unión deberá hacer las modificaciones a
las
legislaciones necesarias para crear el Instituto Nacional
Autónomo de Ciencias Forenses,
del cual dependerá el Banco Nacional de Datos Forenses
establecido en el Titulo
Tercero, Capítulo Séptimo, Sección Tercera del
Dictamen de Ley General.
6.-Dentro
del Título Tercero del Dictamen de Ley General, se debe
crear una instancia especial para la Búsqueda inmediata y
permanente de todas
las víctimas de desaparición forzada de la época
de la “Guerra Sucia”.
7.-
En el Dictamen de Ley General se debe establecer que los agentes
del Estado, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, sin importar su
jerarquía,
deben ser juzgados bajo la jurisdicción civil. Por ningún
motivo bajo la
jurisdicción militar.
8.-
Al Dictamen se le debe agregar un Transitorio, en cual especifique
la reclasificación de los delitos, cuando estos hayan sido
clasificados bajo otros
que no sean desaparición forzada o desaparición cometida
por particulares.
9.-
Se beben modificar del Título Cuarto del Dictamen, los
Capítulos:
Primero, Segundo, Cuarto y Quinto; para que las medidas de seguridad y
reparación integral del daño de las víctimas
cuenten con el presupuesto
necesario no dependiente de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas. La
Ley General deberá contemplar el presupuesto necesario para
cumplir con lo
necesario para garantizar el derecho a la Reparación Integral y
a las medidas
de No Repetición.
10.-
En el Dictamen de Ley General se debe especificar que todos los
agentes del Estado involucrados en una desaparición forzada,
quedarán
inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público.
11.-
Dentro del Título Segundo, Capítulo Tercero el Dictamen
debe
explicitar que la pena mínima, aún con beneficios
procesales, no pude ser menor
a 20 años de privación de la libertad para los casos de
desaparición forzada.
12.
El tipo penal contenido en el Título Segundo, Capítulo
Cuarto,
Artículo 34º del Dictamen debe ser modificado en su
totalidad, para establecer
el tipo penal adecuado para la desaparición cometida por
particulares.
La
existencia de un marco jurídico en materia de
desaparición forzada
de personas en estos momentos es sumamente necesaria, sin embargo,
éste debe
ser acorde a los marcos internacionales, a las exigencias que se han
hecho
desde hace décadas y sobre todo no debe permitir que los
responsables en ningún
caso queden en la impunidad. Reiteramos que ninguna ley por si sola
podrá
resolver el grave problema de los miles de detenidos desaparecidos que
existen
en nuestro país si no existe la voluntad real del Estado
mexicano de dejar de
desaparecer a las personas. Sin embargo, gracias a la lucha y exigencia
de los
familiares hoy existe la posibilidad de tener una ley en la materia y
es
necesario que esta ley no tenga deficiencias desde el origen ya que si
es así,
difícilmente será una herramienta que permita contribuir
a erradicar estos
crímenes, es por esto que como Campaña seguimos exigiendo
una ley que responda
a la gravedad de lo que estamos enfrentando.
Por
todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la
Desaparición
Forzada en México, exigimos a la Cámara de Diputados
adoptar las observaciones
y exigencias señaladas por los familiares y organizaciones que
hemos trabajado
en el tema ya que de ser aprobada como la envió el Senado se
seguirá
perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin
garantizar a las
víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos
de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.
También
queremos poner de manifiesto que no opondremos a que en la
Cámara de diputados se retroceda en cuanto a los pocos aspectos
positivos de la
Ley General por lo cual estaremos dando la lucha para que se mantenga
lo
positivo, se mejore en donde hay carencias e insuficiencias y de
ninguna manera
se retroceda.
Presentación
con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis
Daniela y Virginia Ortiz
Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz,
el indígena
chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René
Román Salazar, los activistas
Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña,
Fidencio Gómez Sántiz, los 43
normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de
desaparición forzada
en México.
¡Los detenidos desaparecidos son
del pueblo!
! Vivos se los llevaron, vivos los queremos ¡
¡ Sí a la Ley General elaborada por las familias,
organizaciones de derechos
humanos y populares ¡
Atentamente
Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada en
México
Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”,
Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y
Derechos Humanos Monseñor Romero,
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente
para Defensores
de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la
Huasteca y sierra
Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de
Puebla, Red de
Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos
de Secuestrados,
desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo
Comunitario A.C.,
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de
Unificación y
Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la
Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos
(FEDEFAM)
1 http://hastaencontrarlos.org/
Ciudad de México, a 7 de
septiembre de 2017
Al Congreso
de la Unión
A la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados
A la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados
Como integrantes de la Campaña
Nacional contra la
desaparición forzada en México exigimos a la
Cámara de diputados a que, en este
periodo de sesiones, trabaje en la integración de diversas
observaciones y
exigencias que aún se tienen con respecto a Ley General contra
la desaparición
forzada y la desaparición cometida por particulares. Es
necesario que realicen
las adecuaciones pertinentes a esta Ley, si en realidad hay voluntad
política
para acabar con la impunidad y garantizar realmente el acceso a los
derechos de
verdad, justicia, reparación integral y garantías de no
repetición para las
víctimas de este grave crimen.
En el mes de abril, como Campaña1 hicimos público nuestra negativa
de avalar la Ley General que se
aprobó en el Senado, debido a que aún existen serias
deficiencias en el
Dictamen. Denunciamos que mañosamente se pretendió
engañar a las familias
haciéndolas creer que se integrarían todas las exigencias
que se trabajaron en
las mesas, de las cuales, si bien algunas fueron retomadas, solamente
fue de
nombre, más no de fondo. Dando como resultado un Dictamen
alejado de las
exigencias de las familias y de muchas de las recomendaciones de los
organismos
internacionales de derechos humanos.
La Ley General tal y cómo
está elaborada no
permitirá ver un cambio real de la situación que hoy se
vive en México a
consecuencia de la impunidad que prevalece desde hace más de 40
años y de la
falta de acceso a la verdad y justicia en los casos de
desaparición forzada.
Observamos con preocupación que
en el actual
sexenio se ha incrementado la criminalización, la
represión política, de las
detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las
desapariciones
forzadas; lo cual pone de manifiesto y de manera más clara que
estas graves
violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados, sino que
forman
parte, lamentablemente, de una política de Estado.
Día con día desaparecen al
menos 10 personas en el
país y, “oficialmente”, se reconocen más de
32 mil personas desaparecidas. Por
lo menos, desde el sexenio de Felipe Calderón y contemplando el
actual
encabezado por Enrique Peña Nieto, se ha denunciado que
podrían ser miles más
que no están registradas en ninguna base de datos y una cifra
“negra”, que se
podría también contar por miles, ya que muchas familias
no denuncian por miedo,
por ello no podemos permitir que nos quieran imponer una ley hecha a
modo y que
no sirva en los hechos para erradicar este flagelo.