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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO SOLANO. CENTRO MANDELA El asesinato de Sebastián Ponce de León

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El asesinato de Sebastián Ponce de León

El asesinato de Sebastián Ponce de León: un caso de violencia institucional que se quiere ocultar

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El 31 de enero de 2019 Sebastián Ponce de León fue sometido a torturas que desembocaron en su fallecimiento diez días después. Fue detenido en un procedimiento que dejó más dudas que certezas, realizado por personal de la Policía de Chaco en Avenida 9 de Julio 5335 de la ciudad de Barranqueras. Los tormentos aplicados se mantuvieron ocultos hasta que Sebastián murió. Su fallecimiento, que se produjo el 10 de febrero de 2019, desnudó no sólo los severos castigos a que fue sometido, sino también el encubrimiento policial y judicial, además de las irregularidades que se produjeron en el Hospital Perrando.
El único testigo del hecho, que es una persona con presuntos vínculos familiares que prestarían funciones de seguridad en Barranqueras, relató la existencia de cocaína y dinero dentro de la casa donde Sebastián fue vejado. La propietaria de la casa donde sometieron a torturas y tormentos al joven es una agente de la Policía Federal con la que mantenía relaciones y que fue suspendida en sus funciones. Sin embargo, la droga y la plata no fueron secuestrados y no figuran en los informes elaborados por la Policía.
Ponce de León no fue evaluado por ningún médico de la Dirección de Sanidad Policial, paso obligatorio que se debe producir apenas se detiene a una persona. Desde la Policía se argumentó que Sebastián “se negó” al examen médico por lo que supuestamente no pudieron constatar las lesiones, que sí fueron establecidas cuando el joven ingresó al Hospital Perrando. No obstante ello, los médicos de este Hospital nunca informaron a la Fiscalía el cuadro de salud del detenido, sino hasta que falleció.
Ya se sabe que para las 16 horas del 31 de enero de 2019 Sebastián Ponce de León estaba detenido y a disposición del fiscal Bogado en la Guardia del Hospital Perrando. Sin embargo, de acuerdo a los informes preliminares efectuados por la Comisaría Primera de Barranqueras, recién a las 16.22 de ese mismo día se recibió un llamado al Servicio 911 solicitándose presencia policial por el supuesto hecho de violencia de género en el domicilio de Av. 9 de Julio 5335.
De forma contradictoria, el procedimiento que supuestamente arrancó con ese llamado al 911 finalizó a las 16.47, de acuerdo a las actas labradas por la propia Policía. Recién después de esa hora el detenido debió haber sido llevado a Sanidad Policial, y desde allí supuestamente se ordenó su traslado al Hospital Perrando. El dato es que según los registros del Hospital Perrando Sebastián ya había ingresado a ese Establecimiento y estaba internado 47 minutos antes.
Se fraguó la presencia del detenido en Sanidad. Además se utilizó un móvil de la Comisaría Primera de Barranqueras, que cuenta con sistema de georreferenciación (GPS) para marcar un circuito dentro de los horarios anotados en el acta policial y dar aparente “legalidad” a todo el recorrido que la policía asegura haber hecho, y que resultó falso.
El escándalo es mayúsculo y estridente, tanto por acción como por omisión. Es la Justicia Penal que tenemos y que debe cambiar. Quedaron al descubierto posibles complicidades que pueden generar una situación concreta de graves responsabilidades institucionales compartidas de funcionarios de distintos poderes del Estado.
La Procuración General, por disposición del adjunto, Miguel Fonteina, y en consonancia con el retardo, obstrucción u ocultamiento en la tarea de esclarecer el caso, ordenó que la investigación quede a cargo del Equipo Fiscal Coordinador C, que encabeza el Dr. Sergio Cáceres Olivera.
Fonteina advirtió que en este caso “faltan producir y ordenar numerosísimas pruebas” que permitan desentrañar cómo ocurrieron los hechos. La resolución pone en evidencia la falta de trabajo de los tres fiscales intervinientes y representa a la vez un compromiso del que el Ministerio Público ahora no puede escapar.

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Saludos cordiales. ROLANDO NÚÑEZ